Tal y como informamos hace unos días en Infocop, el pasado 2 de julio de 2012, el Grupo Parlamentario Popular registró, en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley relativa a la promoción de medidas con las que impulsar un mejor tratamiento de la salud mental infanto-juvenil. Una medida, que de salir adelante, dará respuesta a la demanda que desde hace años vienen realizando las asociaciones de familiares de niños con problemas de salud mental ante la escasez de especialistas y de recursos adaptados a las necesidades de esta población en nuestro país.


ENTREVISTA
Para introducir el tema, ¿cuáles son los trastornos de salud mental más frecuentes entre la población infanto-juvenil en nuestro país y su nivel de prevalencia?
La OMS estima que los trastornos infantiles considerados en su totalidad oscilan entre un 10 y un 20% de la población, pero en los estudios empíricos sobre diversas poblaciones esta variación es mayor, ya que va de un 7 a un 30%. Si nos centramos en nuestro país y en los trastornos más habituales, tenemos en primer lugar, como más frecuentes, los problemas de aprendizaje, que varían entre el 15 y el 30%, según autores y dependiendo de los niveles de intensidad. En segundo lugar, siguen los problemas de conducta, que oscilan entre un 10 y un 20%. En tercer lugar, se encuentra la ansiedad, que se sitúa entre un 5 y un 20%. Finalmente, se encuentra la depresión, con una incidencia entre el 2 y el 15%, según los distintos niveles de edad. Sin embargo, hay trastornos mucho menos prevalentes, como son el retraso mental (1%), los trastornos del espectro autista (1%) o la anorexia (3%) que, aunque menos frecuentes, por su gravedad representan un gran reto y un costo social importante.
La variabilidad de las cifras viene dada por los distintos niveles de edad, el sexo, la clase social y otros elementos circunstanciales. Estos factores son los que hacen a determinadas poblaciones más vulnerables. Es también importante señalar que los trastornos afectivos, tales como la ansiedad y la depresión, tienen en nuestro país una prevalencia semejante a las de otros países análogos, pero parece que los problemas exteriorizados (trastornos de conducta, oposición, etc.) son superiores en nuestro entorno y, en general, en todos los países latinos, probablemente por una permisividad excesiva en nuestra sociedad hacia ese tipo de comportamientos, que no se inhiben en sus primeras manifestaciones.

Actualmente, ¿en qué situación se encuentra la atención a los problemas de salud mental a niños y adolescentes en nuestro sistema sanitario público? 
En líneas generales, los problemas psíquicos con evidente base o consecuencias orgánicas están contemplados en nuestro sistema sanitario, pero aquellos trastornos que tienen principalmente raíces y consecuencias conductuales tienen una atención muy escasa. Póngase por ejemplo la hiperactividad (sea cual sea su causa) cuyas consecuencias conductuales y de aprendizaje son tan importantes. Los niños que la padecen se están tratando, en la mayor parte de los casos, fuera del sistema sanitario.

El pasado 2 de julio el grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso una proposición no de ley para impulsar el tratamiento de la salud mental que se presta a este colectivo. Como experta en el área, ¿qué opinión le merece esta iniciativa?
Es un logro más de las personas que están trabajando en este campo, especialmente el COP. La proposición me parece muy positiva, porque es poner al alcance de todos lo que hoy lo es de los que tienen suficiente información y dinero para costearse una asistencia especializada. Sin embargo, tenemos que pensar que no es suficiente con que se llegue a crear un órgano, sino que además es necesario que esté bien dotado de personal experto, estructurado en función de las distintas actividades que le competen y con la suficiente envergadura que haga posible atender eficazmente a la demanda. Por ejemplo, en algunos centros de salud hay asistencia psicológica, pero la demanda es tan grande que la frecuencia de visitas para asistencia psicológica es de una vez al mes. Nada más consultar cualquier protocolo de asistencia terapéutica psicológica se hace patente que esto es, a todas luces, insuficiente y, lo que es más grave, que tiene como consecuencia un menoscabo de su eficacia.

En la proposición se solicita, entre otras cuestiones, que se elabore un Plan de Salud Mental Infanto-Juvenil, que se refuercen unidades específicas de salud mental infanto-juvenil y que se incida en el diagnóstico precoz y la intervención temprana. ¿Qué implicaciones tendrían estas medidas?